Ginebra, 27 mar (Prensa Latina) La subestimación de la violencia a que son sometidas las mujeres mayores y discapacitadas y su inclusión en estudios sobre el tema fue denunciada hoy por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esas féminas sufren especial riesgo de sufrir abusos, aunque su situación con frecuencia se olvida en los estudios sobre violencia de género, y en el caso de las afectadas por limitaciones mentales, físicas y motoras refirió dos investigaciones, una en Canadá y otra en España, que advierten sobre abusos por parte de sus parejas.
Mujeres mayores y discapacitadas están subrepresentadas en muchos de los estudios sobre violencia contra la mujer, lo que dificulta el funcionamiento de programas para atender sus necesidades, destacó la experta de la OMS Lynnmarie Sardinha en un comunicado.
A nivel general, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia de género, aunque las de la tercera edad y afectadas por discapacidades enfrentan riesgos específicos, a menudo a manos de cuidadores o profesionales de la salud, advirtió especialista.
La OMS mencionó entre los riesgos el comportamiento coercitivo como el abuso financiero o el control abusivo de las necesidades tales como medicamentos, aparatos de asistencia o servicios de cuidados, subrayó.
De acuerdo con la agencia sanitaria de Naciones Unidas, los abusos físicos y sexuales son la forma más habitual de violencia entre las denunciantes de más de 60 años, aunque a medida que avanzan las edades de las víctimas éstas tienden a reportar un cambio del maltrato físico al psicológico, incluyendo amenazas de abandono y otras actitudes controladoras.
Los dos grupos de mujeres estudiados pueden sentirse extremadamente aisladas cuando la violencia ocurre, lo que dificulta especialmente que escapen y denuncien los abusos», precisó la OMS.
Estadísticas de esa organización muestran que sólo un 10 por ciento de los casos de violencia denunciados son reportados por mujeres mayores, por lo que sugiere aumentar la presencia de ese rango de edad en los estudios.
Se impone, además, que desde los servicios sanitarios y de cuidados se pongan en marcha mecanismos para que adultas y discapacitadas puedan denunciar posibles abusos.