Quito (Prensa Latina) El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cumplió seis meses en el cargo con una gestión marcada por la declaratoria de conflicto armado interno, el asalto a una embajada, alza de impuestos, apagones, escándalos ambientales y otras polémicas.
Por Adriana Robreño
Corresponsal jefa en Ecuador
El joven mandatario llegó al Palacio de Carondelet el 23 de noviembre de 2023, tras unas elecciones presidenciales y legislativas extraordinarias convocadas luego de que su predecesor, Guillermo Lasso, decretara muerte cruzada y disolviera la Asamblea Nacional (Parlamento).
Desde entonces, la aceptación del mandatario cayó 20 puntos, luego de haber alcanzado una aprobación del 80 por ciento en enero pasado, cuando decretó la guerra contra el crimen organizado en medio de una serie de hechos violentos.
Actualmente, según la empresa Comunicaliza, su aprobación descendió al 59,3 por ciento, mientras el 63,5 por ciento de las personas encuestadas valoran de forma negativa la situación del país.
Un sondeo de Perfiles de Opinión coincide en la caída de la aceptación del gobernante y apunta que la popularidad de Noboa bajó más de 27 puntos de enero a la fecha y se ubica en un 57,68 por ciento.
PLAN FÉNIX
La persistencia de los hechos violentos en Ecuador, pese a varias declaratorias de estado de excepción y la declaratoria de conflicto armado interno, pone en duda la efectividad del denominado Plan Fénix, estrategia con la cual el Gobierno de Noboa busca bajar los índices de inseguridad.
Esa fue una de las principales promesas de campaña del jefe del Ejecutivo, que prometió dotar a las fuerzas del orden de equipamiento para poder actuar de manera eficaz y proponía sumar un «centro de inteligencia» para la prevención del delito.
La aplicación de esa estrategia se hizo más urgente a partir de enero de 2024, cuando la acción de grupos criminales llevó a Noboa a declarar la existencia de un «conflicto armado interno» y considerar como terroristas a una veintena de grupos asociados al narcotráfico.
Sin embargo, seis meses después, persisten las masacres, sicariatos, extorsiones y otros delitos, aunque el Gobierno asegura haber disminuido los índices de criminalidad.
Aunque a ciencia cierta nadie sabe en qué consiste el Plan Fénix, el 22 de mayo el presidente decretó un nuevo estado de excepción en siete provincias y un municipio e informó sobre el inicio de la fase dos de su «lucha contra el terrorismo en territorio nacional».
En un video compartido en sus redes sociales, el gobernante aseguró que en enero había un caos generalizado en materia de seguridad y en cinco meses su administración logró «devolverle la paz a los ecuatorianos, algo que nunca se había logrado antes».
De acuerdo con el gobernante, los sucesos violentos de los últimos tiempos son prueba de que los grupos narcoterroristas se han atrincherado en determinadas zonas y con el estado de excepción policías y militares tendrán más libertad de acción.
Paralelamente, crecen las preocupaciones por parte de colectivos defensores de derechos humanos por el exceso en el uso de la fuerza militar, principalmente contra «personas empobrecidas y racializadas», y hay denuncias de torturas y malos tratos en centros penitenciarios.
CONSULTA POPULAR
El 21 de abril, los ecuatorianos acudieron a las urnas para votar en una consulta popular y referendo promovidos por Noboa.
De las 11 preguntas planteadas, ganó el «sí» en nueve y el «no» en dos, lo cual para el presidente fue una «goleada».
Los votantes se pronunciaron a favor de permitir el apoyo de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, la extradición, el incremento de penas en diversos delitos y que se cumpla la totalidad de la sanción en prisión.
También aprobaron que los cuerpos de seguridad puedan usar el armamento incautado y que el Estado pueda ser titular de los bienes de origen ilícito.
Expertos en materia jurídica consideran que a partir de este momento Noboa no tendrá excusas para poner freno a la inseguridad, aunque alertan que la implementación de las propuestas de la consulta no servirán de mucho si no se adoptan medidas de corte social para disminuir la desigualdad.
Por otro lado, los ecuatorianos rechazaron dos preguntas que eran consideradas claves, pues todo lo anterior fácilmente podía ser tramitado en la Asamblea Nacional, sin necesidad de gastar casi 60 millones de dólares en el proceso consultivo.
La ciudadanía dijo No a que Ecuador reconociera el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales y también a la posibilidad de contratos de trabajo por horas.
Organizaciones sociales catalogaron como una victoria popular los resultados por decir No a las dos propuestas que pretendían ceder soberanía y aumentar la precarización laboral.
ASALTO A EMBAJADA DE MÉXICO Y OTRAS CRISIS DIPLOMÁTICAS
Uno de los hechos más relevantes en estos pocos meses de Gobierno de Noboa fue la invasión a la Embajada de México en Quito, acción que causó el repudio de la comunidad internacional.
El pasado 5 de abril uniformados ecuatorianos irrumpieron en la sede diplomática mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien permanecía refugiado en ese lugar y ya había recibido asilo en el momento del asalto.
Ese hecho conllevó a que México rompiera relaciones diplomáticas con Ecuador y demandara al país sudamericano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, Países Bajos.
Este 23 de mayo, desde el máximo órgano judicial de la ONU rechazaron otorgarle a México medidas cautelares mientras resuelve la demanda, un proceso que puede demorar varios meses o incluso años.
En la lista de roces diplomáticos del Gobierno, está también el episodio de la «chatarra rusa».
El gobierno ecuatoriano se ofreció a entregar a Estados Unidos armamento de origen soviético supuestamente en desuso a cambio de equipamiento nuevo para enfrentar la crisis de seguridad interna,
El 8 de febrero pasado Kevin Sullivan, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, reconoció que esa entrega era parte de «un arreglo» para transferir equipamiento militar a Ucrania.
Según la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, las disposiciones de los contratos especifican que el equipo no debe transferirse a terceros sin el consentimiento de Moscú.
Finalmente, después de semanas de tensión que complicaron la relación comercial entre Rusia y Ecuador, Noboa desistió del envío de armamento a Washington.
Pese a ese impasse, hay que destacar la consolidación de la relación con Estados Unidos en este periodo.
En los últimos meses, Ecuador recibió la visita de altos funcionarios estadounidenses, como la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur, quien aseguró que su país tenía un «plan de cinco años» en materia de seguridad para la nación andina.
ALZA DEL IVA, SUBEN LOS PRECIOS
La Corte Constitucional de Ecuador mantiene entre sus trámites pendientes tres demandas que buscan revertir el alza del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual desde el 1 de abril subió del 12 al 15 por ciento y afecta productos de la canasta básica.
Con la medida, incluida en la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, Noboa afirma que busca recaudar recursos suficientes para afrontar operativos militares y policiales.
El gobernante minimizó el impacto de la subida del gravamen, al considerar que alimentos de la canasta básica, medicinas, educación y transporte público no resultan afectados, sin embargo, sí suben por el aumento de precios del gas de uso doméstico y de los combustibles.
En opinión del profesor de la Universidad Central de Ecuador Paúl Córdova, la declaratoria de conflicto armado interno sirvió como instrumento de política económica, con la elevación del IVA, y no como política de seguridad.
Por su parte, el economista Marcos Flores alertó que el aumento del IVA forma parte de las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el país acceda a un nuevo crédito, cuyo acuerdo técnico ya fue anunciado.
A eso se suma que Ecuador cerró el primer trimestre de 2024 con una tasa de desempleo de 4,1 por ciento, lo que representa un incremento de 0,3 puntos frente al mismo período de 2023.
Eso sin contar la informalidad, modalidad en la cual se desempeñan el 54,2 por ciento de los trabajadores, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
CASO OLûN Y APAGONES COMPLICAN LA GESTIûN DE NOBOA
Entre los recientes escándalos desatados en Ecuador está un proyecto inmobiliario que una empresa de la primera dama, Lavinia Valbonesi, pretendía levantar en un área protegida de la comuna Olón, provincia de Santa Elena.
Pobladores de la zona y activistas ambientales protestaron contra la tala y destrucción del manglar en el denominado Esterillo Oloncito, que desde 2001 fueron declarados «área de bosque y vegetación protectores».
La obra es de la empresa Vinazin S.A., de la cual Valbonesi es la principal accionista, y recibió el registro ambiental el 5 de diciembre de 2023, apenas días después de la posesión de Noboa.
Tras la polémica desatada, que según el gobierno fue promovida por sus opositores con fines políticos, la compañía anunció la suspensión del proyecto inmobiliario.
Entretanto, los cortes de electricidad regresaron a complicar la situación económica y política del país, a pesar de que en enero pasado la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Competitividad Energética, mejor conocida como ‘Ley no más apagones’, proyecto propuesto por el Ejecutivo de Noboa.
A pesar de la medida, los apagones regresaron a mediados de abril en medio de una polémica que provocó la destitución de la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, y la denuncia contra ellos y otros 21 funcionarios ante la Fiscalía General por los presuntos delitos de paralización de un servicio público y traición a la Patria.
Aunque de momento están suspendidos los racionamientos energéticos, todavía es posible que vuelvan a aplicarse, según advierten las autoridades.
De esa forma es que Noboa llega a sus primeros seis meses en la silla presidencial, envuelto en problemas incluso con su vicepresidenta, Verónica Abad, a quien envió a Israel, y ella lo acusa de buscar destituirla para que no ocupe la jefatura del Gobierno cuando él se postule para la reelección en 2025.