Marcha por Ayotzinapa en CDMX deja pérdidas de 34 millones de pesos: Canaco

La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) CDMX, dio a conocer que tras los destrozos provocados por el llamado bloque negro, durante la marcha del décimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, asciende a 34 millones de pesos.

Cafeterías destrozadas, bombas molotov, escuelas e iglesias pintadas y con cristales rotos, así como decenas de fachadas de negocios grafiteadas, son algunos de los destrozos que este bloque realizó durante la marcha que convocó a más de diez mil personas este 26 de septiembre.

Asisten 10 mil a Marcha por Caso Ayotzinapa

La movilización de este jueves 26 de septiembre a 10 años de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, tuvo una afluencia de 10 mil asistentes, informó el Gobierno de la CDMX, a través de la Secgob y SSC. 

La SSC informó que fueron desplegados 500 policías y 200 agentes de Tránsito, ademáss de motos y grúas para agilizar el flujo vial a lo largo del recorrido. 

Informaron que no hubo personas lesionadas y que, durante la ruta, un grupo minoritario de 100 personas encapuchadas y ajenas a la marcha, realizaron pintas y ocasionaron daños al mobiliario urbano, fachadas e instalaciones de negocios privados y algunas estaciones del Metro y Metrobús. 

43 normalistas desaparecidos 

La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecieron. 

Los estudiantes estaban en Iguala, Guerrero, para recaudar fondos y asistir a una protesta en la Ciudad de México. Esa noche, fueron atacados por policías locales y otros grupos armados. Durante el ataque, seis personas fueron asesinadas, y los 43 estudiantes fueron secuestrados.

La investigación inicial, liderada por el gobierno mexicano, fue criticada por su falta de rigor y transparencia. En enero de 2015, la PGR (Procuraduría General de la República) presentó lo que se conoció como la «verdad histórica», que sostenía que los estudiantes habían sido asesinados y sus cuerpos incinerados en un basurero en Cocula, Guerrero. Sin embargo, esta versión fue ampliamente rechazada por expertos, familiares y organizaciones de derechos humanos.