La discusión versó sobre la homologación de ordenamientos jurídicos con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias aprobaron observaciones realizadas por el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, y desestimaron otras, respecto del decreto por el que se reformaron diversos ordenamientos jurídicos para su homologación con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Al respecto, el diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA), a nombre de las comisiones unidas recordó que, el pasado 4 de julio, esta Soberanía emitió la declaratoria de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF).
Sin embargo, tres meses después, el 4 de octubre, la presidencia de la Mesa Directiva recibió, mediante oficio, las observaciones del decreto emitidas por el entonces jefe de Gobierno, aseguró.
Al fundamentar el instrumento legislativo de referencia, el legislador Martínez Urincho explicó el resultado al análisis de cada comentario: sobre la falta de armonización en los nombres de diversos ordenamientos jurídicos en cuanto a la nueva realidad jurídica de la capital, dijo que en el artículo trigésimo cuarto transitorio de la Carta Magna local se establece que todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, se entenderán hechas a la Ciudad de México.
En cuanto a la modificación al artículo 276 del Código Civil local, respecto al interés superior de la niñez y adolescencia, se aceptó la propuesta, en virtud de que está presente en las normas constitucionales federales y locales, y se encuentra presente en diversas convenciones, comentó.
Mientras que, la observación a los artículos 291 A y 291 B sobre el divorcio bilateral realizado por persona notaria, se decidió desestimar la aparente inconstitucionalidad, sin embargo, se realizó un ejercicio de redacción para mejorar el desempeño e intervención de las personas notarias, dijo.
Sobre la sugerencia de modificación a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, se consideró que es necesario proteger los datos personales de la niñez y adolescencia en cualquier diligencia o acción en que estén involucrados, señaló.
Por su parte, el diputado Royfid Torres González (MC) se refirió al Código Civil local en su artículo 276 para cambiar la denominación de “propiciando” a “aplicando”, a efecto de dar cumplimiento a la obligatoriedad de la autoridad competente de asegurar que por encima de cualquier decisión se considere en todo momento el interés superior de la niñez.
Y a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el artículo 64, para que se considere implementar medidas de seguridad para la protección de datos personales y de datos personales sensibles de las y los infantes, a efecto de asegurar la protección integral de la infancia.
Al manifestar su preocupación ante la posibilidad de debilitar una institución del Estado y se genere desigualdad, la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (MORENA) explicó que trámites como el divorcio deben ser responsabilidad del Estado a través del Registro Civil, el cual también debería contar con la posibilidad de economizar el tiempo cuando no hay que resolver temas de tutela de menores de edad o división de bienes; para no provocar que sólo quienes puedan pagar a las notarías el servicio accedan a su realización.
La congresista Yolanda García Ortega (PVEM) respaldó la postura de la diputada Batres Guadarrama sobre el divorcio, y dijo que se debe poner énfasis en las consecuencias de este trámite, como son las pensiones alimenticias y custodias, entre otros temas relevantes.
El legislador Fernando Zárate Salgado (MORENA) reflexionó sobre la actual sobrecarga de las funciones del notariado, las cuales son originariamente responsabilidad del Estado y que son realizadas con precios poco accesibles. Dijo que existen instituciones públicas que podrían realizarlas y brindar mayor seguridad a la ciudadanía.
El congresista Jesús Sesma Suárez (PVEM) señaló que desde su grupo parlamentario presentarán reservas ante el pleno, sin embargo, propuso una reunión entre asesores para lograr consensos y una votación unánime.
Por su parte, el diputado Ricardo Rubio Torres (PAN) indicó que resulta necesario implementar mesas de trabajo con personas asesoras y diputadas para brindar claridad a las acciones que se ofertarían a la ciudadanía con las reformas propuestas, a efecto de abonar a la construcción del dictamen en comento.
El diputado Alejandro Carbajal González (Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación) se expresó a favor de generar consensos para no afectar el interés superior del menor, y que en el caso de la disolución del vínculo matrimonial se fortalezcan las herramientas del Estado y no se privatice un trámite tan importante para la población.
El diputado Diego Orlando Garrido López (PAN) consideró favorable la propuesta de dotar a las y los notarios de la facultad de disolver y liquidar sociedades conyugales y procedimientos de divorcio, ya que representa una alternativa para la ciudadanía para acudir ante notario, a efecto de realizar este trámite jurídico si así lo requieren.
Mientras que la legisladora Olivia Garza de los Santos (PAN) consideró que el dictamen es correcto, sin embargo, dijo que, si existen divergencias, se pueden realizar mesas con las personas asesoras para volver a analizar los temas donde aún hay comentarios.