La discusión sobre la legalidad del impuesto del 2% planteado por el Gobierno de la Ciudad de México por el uso de las calles será definitoria para la calidad de vida y la estabilidad económica de las personas que generan ingresos por medio de las aplicaciones digitales; un sector que ya atraviesa múltiples dificultades, como la implementación de la Reforma Laboral que seguramente cambiará por completo la ocupación y ganancias de repartidores y pequeños comerciantes.
Repartidores Unidos de México señalan que “como repartidores de plataformas digitales, consideramos que nuestra actividad es esencial no solo para el sustento de nuestras familias, sino también para el funcionamiento de la economía digital, que depende de nuestra labor diaria”.
¡Llamamos a las y los ministros de la Suprema Corte a que hagan justicia en favor del pueblo y echen para atrás esta injusta carga!
Este impuesto puede generar un efecto en cadena que nos afectaría gravemente.
Aunque se dice que va dirigido a las plataformas, si las apps aumentan sus costos obligan a incrementar sus precios.
Esto provocará una disminución en los pedidos, afectándonos directamente, posiblemente viendo nuestros ingresos reducidos. Este impacto también afecta a los pequeños comercios que dependen de estas plataformas para llegar a más clientes.
Al subir los costos, las ventas se reducirán, lo que afectará a toda la cadena económica, desde el repartidor hasta el pequeño empresario.
Que se sepa con claridad YA PAGAMOS IMPUESTOS como el IVA, el ISR, y ahora nos vemos expuestos a una carga fiscal adicional sin una justificación clara sobre el destino de estos recursos.
Las infraestructuras viales siguen siendo UN PELIGRO, con baches que ponen en riesgo nuestra seguridad, y no existe una mejora significativa en los espacios destinados para el estacionamiento.
Además, el hecho de que no se nos haya consultado antes de la implementación de esta medida refleja un grave desdén hacia quienes realmente sostenemos este ecosistema.
El gobierno ha tomado decisiones unilaterales, sin tener en cuenta la voz de los trabajadores del sector, quienes somos los principales afectados.
Nos sentimos invisibles ante las autoridades que deberían velar por nuestros derechos.
Llamamos a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia a prestar atención a nuestra situación.
Sobre todo, en el contexto de las elecciones del Poder Judicial, les pedimos que al solicitar el voto del pueblo, también nos escuchen.
Como representantes, no se vale tomar decisiones sin tener en cuenta la voz de quienes verdaderamente forman parte de esta nación.