Por Blas A. Buendía
Pese al gran escándalo que originó el ahora ex asesor jurídico de la Delegación Cuauhtémoc, el morenista Pedro Pablo de Antuñano, el Grupo Parlamentario denominado MORENA, convocó al contralor general del gobierno de la Ciudad de México a combatir sin ningún sesgo partidista la corrupción, el tráfico de influencias, los conflictos de intereses, la malversación de fondos y el desvío de fondos.
Si bien le exigió, además, que en esa espiral de aplicar una política de transparencia, se debe acabar con el “pacto de impunidad” que carcome a los gobiernos de la ciudad y los de algunas delegaciones políticas.
Asimismo, demandó al servidor público investigar hasta las últimas consecuencias el incremento presupuestal de 686 millones de pesos autorizado por el gobierno de la Ciudad de México el pasado 31 de marzo y que las delegaciones Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero y Coyoacán, así como las secretarías de Obras; Medio Ambiente; Desarrollo Social y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México destinaron para contratar trabajadores eventuales para supuestos programas emergentes, pero en pleno proceso electoral de los constituyentes.
Al posicionar en nombre de MORENA durante la comparecencia del contralor general del gobierno capitalino Eduardo Rovelo, la diputada Aleida Alavez Ruiz advirtió que cientos de trabajadores fueron contratados por dos meses sin que mediara emergencia alguna, por lo que ante este inusual incremento, exigió aclarar si la Contraloría ya investiga en qué se ocuparon estos trabajadores.
Es evidente, dijo, que este incremento otorgado en pleno proceso electoral, sólo se entregó a delegaciones gobernadas por el Partido de la Revolución Democrática, ya que ni Oficialía Mayor ni la Secretaría de Finanzas informaron al resto de las delegaciones sobre este asunto.
Por otra parte, señaló que en las recientes elecciones de comités vecinales y de presupuestos participativos, se presentó una gran cantidad de quejas por el uso indebido de los recursos públicos o la actuación indebida de las autoridades en las delegaciones Iztapalapa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Gustavo A. Madero y Coyoacán. Sin embargo, se desconocen las indagatorias que haya practicado la dependencia.
La diputada también pidió aclarar irregularidades cometidas en delegaciones como Gustavo A. Madero que en 2014 no comprobó la entrega de diversos artículos y materiales de construcción, ni por qué personal de su nómina cobraba también en otras dependencias; Iztacalco tampoco subsanó irregularidades en contratos de obra de varios frentes.
Más adelante preguntó si se ha investigado el caso de 10 empresas que aparentan competencia para hacerse de licitaciones públicas y que han convertido a Luis Francisco Molleda en el contratista consentido de varias delegaciones, ya que le otorgan adjudicaciones directas de contratos con sobreprecios. Esto de acuerdo a lo publicado por un medio de comunicación internacional el pasado 6 de mayo.
Por su parte, en la sesión de preguntas y respuestas, el diputado Paulo César Martínez pidió información sobre el total de viajes realizados por el Jefe de Gobierno a varios países y al interior de la República; qué acciones ha tomado frente al crecimiento inmobiliario que se está generando en la Ciudad de México; cuántos funcionarios han sido suspendidos o sancionados y qué cargos ocupaban dentro de la administración actual.
Además, y de acuerdo con lo señalado en el Informe de la Contraloría que indica que se tiene un monto recaudado por estas sanciones, preguntó sobre el destino de esos recursos, cuyas interrogantes fueron atendidas por el funcionario, pero no hubo satisfacción por las inquietudes que se conocen, sobre todo, el historial de corrupción que gobierna a la delegación Cuauhtémoc, cuyo titular es el ex priista, ex perredista y ahora morenista, Ricardo Monreal Ávila.