El mayor crimen está ahora, no en los que matan, sino en los que no matan pero dejan matar: José Ortega y Gasset
La intención de las autoridades quintanarroenses de solicitar una prórroga para que no se decrete una alerta de género en la entidad tiene que ver más con la incapacidad institucional para combatir los asesinatos de mujeres y la violencia en contra de ellas, que en evitar una “mala imagen” estatal, pero con el silencio sólo se agrava la situación, sin que haya esperanza de que las condiciones mejoren.
Desde 2015, en que una oleada de asesinatos se ha registrado, particularmente en el norte de Quintana Roo, más de veinte mujeres han sido muertas, por ello es que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió un informe con once recomendaciones hechas al gobierno de estatal, mismo que fue aceptado, pero el plazo para informar sobre las acciones instrumentadas concluyó el pasado 13 de noviembre, sin que el gobierno estatal enviara documento alguno.
Ciertamente, los hechos ocurrieron entre el gobierno anterior de Roberto Borge Angulo, y el actual, de Carlos Joaquín González, y el descuido del entorno se debió enteramente a la administración que concluyó, por ello es que las fuerzas políticas, en ese entonces de oposición, demandaban a rabiar que se decretase dicha alerta, para todo el norte de Quintana Roo, específicamente en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, aunque ahora que son gobierno aduzcan una posible afectación en la imagen y la poca conveniencia de la medida.
Sin embargo, el mismo gobernador actual atajó dichas versiones el pasado 19 de octubre, recalcando que no debe percibirse la alerta como un tema tabú o como algo que afectara, sino como una oportunidad de mejorar la seguridad estatal, pero al final la actual administración optó por solicitar verbalmente una prórroga para el cumplimiento de las modificaciones normativas que impedirían el decreto de la alerta de género.
Pero en el fondo subyace la imposibilidad de cumplimiento, pues la modificación normativa es el mal menor, la problemática mayor está en la carencia de elementos policiacos –la entidad necesita por lo menos 500 más, como señalamos en anteriores colaboraciones- para realizar operativos, la adecuación de la infraestructura en los municipios, desarrollar protocolos de prevención, crear módulos de atención a la mujer en situación de riesgo; y para eso no hay, ni habrá recursos.
Por último, con la confirmación en el cargo del fiscal estatal, Carlos Álvarez Escalera, y la inexistencia de un auditor en la instancia que dirige, los recursos para prevenir y sancionar la violencia de género simplemente no se aplican; mientras ello ocurre, Quintana Roo debiera ser el estado número 19 en decretar la alerta, pero parece que por lo pronto será el tercero en obtener una prórroga y mientras tanto, que las mujeres sigan muriendo; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.