Madrid, 6 oct (PL) El delegado del gobierno español en Cataluña, Enric Millo, ofreció hoy disculpas por el excesivo comportamiento de las fuerzas de seguridad para frenar el referendo independentista del pasado domingo en esa región, prohibido por la justicia.
Casi una semana después de las cargas protagonizadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil -cuerpos armados españoles- contra ciudadanos inermes, Millo lamentó la violencia policial, que de acuerdo con las autoridades catalanas ocasionó casi 900 heridos.
«No puedo más que lamentarlo y pedir disculpas en nombre de los agentes que intervinieron», indicó el representante del ejecutivo central de Mariano Rajoy en una entrevista con TV3, la televisión pública de esa comunidad autónoma.
Sin embargo, el delegado de Madrid en Barcelona justificó la desproporcionada actuación de los efectivos que durante la consulta irrumpieron en diversos colegios electorales, requisaron urnas y reprimieron a la población, imágenes que recorrieron medio mundo.
En esa línea, señaló a la Generalitat (gobierno de Cataluña) como principal responsable de lo ocurrido el 1 de octubre, por animar a la agente a participar en un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional a instancias de la administración de Rajoy.
Según Millo, los votantes rodearon a los agentes en algunos recintos habilitados para el escrutinio y no les permitieron salir, lo cual motivó la respuesta de los institutos armados nacionales, que criticaron la pasividad de los Mossos d‘Esquadra (policía catalana).
Pese a esas últimas afirmaciones, Jordi Sánchez, líder de una de las dos principales asociaciones civiles impulsoras del proceso secesionista, agradeció el gesto del representante gubernamental.
No obstante, lamentó que la disculpa proceda de la delegación del ejecutivo español y no de estamentos superiores como la jefatura del Estado, que recae en el rey Felipe VI, quien en una alocución el martes omitió mencionar a los cientos de heridos.
Este viernes trascendió que un juez decidió investigar por delitos de lesiones la cuestionada intervención de las fuerzas de seguridad durante la jornada electoral.
En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, que estaba de guardia el 1 de octubre, abrió una pesquisa para determinar si hubo «proporcionalidad» en el proceder policial.
La investigación del juez, quien instó a la Fiscalía a no minimizar la gravedad de lo ocurrido, se centra en 23 centros de votación de Barcelona, donde resultaron heridas 130 personas.
El magistrado indicó en su fallo que la convocatoria y organización del referendo puede ser delito, pero «no es ilegal ni ilícito» que los ciudadanos, convocados por su administración, acudieran a los colegios a depositar «un papel sin valor legal alguno en una urna», enfatizó.