La falta de acceso a la justicia, la incapacidad para seguir protocolos con perspectiva de género y la criminalización de la víctima, son agravios cometidos por las autoridades judiciales hacia las mujeres.
La violencia se duplica cuando el imputado es indígena, como en el caso de Adela García Carrizosa, indígena mazateca condenada a 20 años de prisión por el asesinato de su cuñado, un delito que no cometió.
El 28 de mayo de 2009, Adela fue atacada sexualmente por el hermano de su esposo y aunque ella aseguró no haberlo matado, el Juez no le creyó y por ello a la fecha lleva cumplidos ocho años en reclusión.
Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, detalla que hace dos años había 8 mil 412 Indígenas recluidos en Centros Penitenciarios del país y aunque la cifra no ha sido actualizada, es probable que el número haya aumentado, pues como Adela la gran mayoría no cuentan con los recursos para una adecuada defensa.
Fuente: Notisistema