La empresa constructora Odebrecht, acusada de corrupción, amplió su queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que reclama al Gobierno de México el pago de 2 mil 245 millones de pesos de finiquito por los contratos cancelados en las refinerías de Tula, Hidalgo y Salamanca, Guanajuato.
La firma brasileña señalada por sobornos en múltiples países y que en México fue inhabilitada, acudió ante la CNDH para ampliar su queja por violaciones a sus garantías.