Los elementos de la Guardia Nacional que negocien con el crimen organizado serán castigados hasta con 60 años de cárcel, acuerdan el Senado y el Gobierno Federal como parte del régimen disciplinario del nuevo cuerpo de seguridad pública.
También recibirán 60 años de condena quienes pongan en libertad a cualquier miembro de la delincuencia organizada o proteja o facilite su fuga.