El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, denunció que un juez permitió la liberación de otros 24 inculpados en el caso de desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
En conferencia de prensa, el funcionario federal informó que el juez primero de distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, otorgó el sábado las liberaciones, en una vieja práctica de “sabadazo”.
Esos casos se suman a las 53 anteriores liberaciones, lo que da un total de 77 de las 142 personas relacionadas por presunción de la comisión de diversos delitos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes en 2014.
Encinas Rodríguez detalló que solo quedan 65 detenidos por ese proceso y de mantenerse la tendencia en los próximos días podrían permitirse más liberaciones.
A decir del funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob), ello constituye una afrenta para las víctimas y sus familias, además de mostrar la “miseria y podredumbre en que se encuentra el sistema de justicia del país”.
El funcionario federal anunció que se presentarán los recursos y diligencias para responsabilizar a Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y José Aarón Pérez Carro, funcionarios que incumplieron con sus responsabilidades.
Denunció que en la víspera, “en día de puente, y en una resolución que no firma el juez, sino la secretaria de Acuerdos, Adriana Ruvalcaba Velázquez, el juez primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos (…), dictó libertad absoluta e inmediata de 24 personas detenidas por la desaparición forzada de los 43 estudiantes”.
Incluso, dijo, no se encontró fotografía del juzgado ni registro en las páginas del Poder Judicial, y recriminó “que la actuación (del juez Ventura) es una afrenta a los trabajos de investigación que desarrolla el gobierno federal a través de la Comisión Presidencial” que encabeza.
Alejandro Encinas añadió que el juez “no observó la jurisprudencia del 21 de junio de 2019, que determina que la declaración obtenida por tortura obliga a reponer el procedimiento, investigando los actos y elementos relacionados, pero con el resto de las pruebas se debe determinar la materialidad del delito.
A pregunta expresa, indicó que se irá a fondo en esos hechos, que se trabaja para llegar a la verdad y se haga justicia. “No le estoy echando la culpa al juez, estoy dando a conocer y dando un punto de vista de su actuación. Aquí no estoy inventando nada”, acotó, aunque reconoció que hubo graves omisiones.
Para el subsecretario de Gobernación, la resolución del juzgador atiende criterios cuestionables al solicitar la práctica del Protocolo de Estambul en 10 días, siendo materialmente imposible, y negar una prórroga razonable para realizarla.
Además sienta un precedente histórico al otorgar beneficios a imputados sin que hubiera sentencia de tortura, con mera presunción, privilegiando el derecho de los presuntos perpetradores sobre el derecho de la justicia de las víctimas.
“Representa -abundó el también titular de la Comisión Presidencial para la Verdad del caso Ayotzinapa-, las inercias de lo más corrupto, incapaz y parcial del régimen anterior, dejando en la impunidad a quienes alteraron la investigación.
Indicó que por ello “se hará una revisión del actual sistema de justicia para garantizar el fin de la impunidad y el derecho a la verdad, la justicia, la reparación, así como las medidas de no repetición de los hechos.
De cara al quinto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, insistió en que la llamada “Verdad histórica” está fincada en graves omisiones, simulación e incluso actos indebidos de la autoridad, sin dejar de lado que se sembraron pruebas.
Se está llegando al extremo, señaló el funcionario, de que policías municipales liberados indebidamente están solicitando una indemnización por un millón de pesos al Ayuntamiento de Iguala.
“De ese nivel es la burla”, acotó, tras comentar que si bien no se les puede acusar por el mismo delito, ello “no deslinda otro tipo de responsabilidades.
De acuerdo con el criterio del juez, las pruebas “fueron insuficientes para acreditar la responsabilidad de los actos perpetrados por integrantes de los grupos delictivos Guerreros Unidos, el grupo conocido por los Bélicos y diversos servidores públicos, particularmente por policías municipales”, puntualizó.