La Paz, 2 feb (Prensa Latina) La apoderada legal del expresidente boliviano Evo Morales fue encarcelada hoy bajo vagas acusaciones de sedición y terrorismo, en medio de denuncias de la carencia de condiciones democráticas para las elecciones de mayo próximo.
El juez Armando Zeballos ordenó la prisión preventiva de Patricia Hermosa, quien de inmediato fue internada en la cárcel de mujeres del barrio paceño de Obrajes, sin atender los reclamos de inocencia de la detenida.
El magistrado atendió los vagos argumentos de la fiscalía, que acusa a Hermosa de complicidad con los citados delitos por contactos telefónicos con Evo Morales, por temas relacionados a su retiro del gobierno; con el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y con el dirigente del MAS Andrónico Rodríguez.
«Una vez más se ha consumado la injusticia, la violación de derechos humanos, la desobediencia a la constitución y una vergonzosa sumisión del órgano judicial al poder político, enviando injustamente a Patricia Hermosa a la cárcel de Obrajes», denunció la diputada Sonia Brito, del MAS.
Brito denunció que el caso confirma la absoluta falta de condiciones democráticas para las elecciones generales del 3 de mayo próximo y exigió el cese de las medidas represivas contra el MAS.
Hermosa fue detenida el viernes último por la policía, que le arrebató el poder legal de Morales para representarla y los documentos personales, como el carné de identidad, lo que el exgobernante calificó como un robo que denunciará a la justicia boliviana e internacional.
La fiscalía presentó la denuncia contra la representante del exjefe de Estado, varias horas después de la detención de la apoderada, lo que para muchos significa que improvisó el expediente para justificar la captura y la incautación de los documentos.
Para Morales y el MAS, no cabe duda de que la operación tiene como real objetivo impedir que Hermosa cumpla el encargo de Morales de inscribirlo como candidato al parlamento.
Entretanto la bancada de senadores del MAS condenó la detención y maltratos sufridos por el exministro de Minería del gobierno de Morales César Navarro, y el exviceministro de Desarrollo Rural Pedro Dorado, pese a que contaban con salvoconducto oficial para viajar a México en calidad de asilados.
El pronunciamiento señala que la acción ilegal violó convenios y tratados sobre el asilo y constituye un caso más de «persecución contra bolivianos y bolivianas que no han cometido mayor delito que su ideología política».