Tegucigalpa, 26 feb (Prensa Latina) La Alianza por la Paz y la Justicia alertó hoy que la ausencia de políticas públicas integrales es uno de los principales obstáculos que enfrentan a las víctimas de la violencia en Honduras.
La organización de la sociedad civil creada en 1998 presentó un informe donde precisó que en el país centroamericano hay difícil acceso a la información pública y una inexistente política integral de atención de delitos contra mujeres, jóvenes y niños.
El texto denominado Diagnóstico de Seguridad y Justicia en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán, detalla además que los jóvenes de entre los 15 y 25 años son los más afectados por la criminalidad, principalmente por los homicidios.
Igualmente, el estudio destacó que el robo, la violencia sexual y doméstica son los delitos que más afectan a las mujeres y la juventud de Honduras, que tiene una población de 9,2 millones de habitantes.
Asimismo, los investigadores reseñaron que el 29,9 por ciento de las personas que murieron de manera violenta entre 2018 y 2019 eran féminas y jóvenes.
El informe señala además que las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia «no ha profundizado de manera específica sobre esta grave problemáticas y, por tanto, no han ofrecido soluciones o respuestas que confronten las condiciones de violencia que sufre los grupos vulnerables en Honduras».
Entre otros delitos denunciados, según el documento, figuran las lesiones, amenazas, portación ilegal de armas y el tráfico ilícito de drogas.
Por su parte, el director de Seguridad y Justicia de la Alianza, Kennet Madrid, explicó a la prensa que el diagnóstico demuestra la gran vulnerabilidad en delitos contra la mujer, la libertad sexual y contra la niñez.
Lamentó que en el país no exista una conducta preventiva orientada a impulsar una cultura para generar un cambio en aras de erradicar la violencia contra los más vulnerables.
La Policía Nacional de Honduras registró en 2019 un total de cinco mil 859 denuncias de violencia doméstica en los departamentos de incidencia del informe, seis mil 731 por robo y mil 778 por agresiones intrafamiliares, según el documento.
Ante este panorama, la Alianza por la Paz y la Justicia recomienda al gobierno de Honduras mejorar los mecanismos de solicitud de información pública ante la falta de delegados regionales.