México, 20 jul (Prensa Latina) Aunque complicado, el gobierno de México puede solicitar al de Canadá la extradición de Tomás Zerón, el hombre que alteró los datos del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, dijo hoy un especialista.
De acuerdo con el presidente del Colegio Mexicano de Abogados Humanistas, Jorge Lara, a Tomás Zerón se le podrían imputar al menos cuatro delitos, entre ellos tortura, tras la difusión del video en el que aparece sometiendo a un jefe de sicarios de Guerreros Unidos.
Estima que el gobierno de México tiene dos rutas posibles para la extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal: la solicitud directa de extradición a las autoridades judiciales de Canadá o requerir primero su detención y hacer la petición de entrega en un plazo de 30 días.
En ambos casos, de acuerdo con la legislación canadiense vigente, Zerón sería presentado ante un juez de la provincia canadiense donde sea detenido, y este analizaría si concede o no fianza. Además, revisaría los elementos que aporte la parte acusadora cuando ya se haya hecho formal la solicitud de extradición.
Según establece el documento «Revisión de los Procesos de Extradición» del Departamento de Justicia canadiense, en un caso como el del exdirector de la AIC, el juez determinaría si de lo que lo acusa la autoridad mexicana resulta compatible con las leyes canadienses y si es ilegal también en aquel país.
De serlo, se daría visto bueno a la petición de extradición que tendría que ser ratificada por el Ministro de Justicia, David Lametti.
Zerón de Lucio tiene la opción de solicitar asilo en Canadá en dos momentos: previo a su detención o una vez que haya sido retenido por autoridades canadienses.
Sin embargo, tras su reciente aparición en video sometiendo a Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, líder de Guerreros Unidos, se configura el delito de tortura, tipificado así en ambos países y motivo para rechazar dicho beneficio.
La ley canadiense enfatiza que el asilo se negará «por motivos de seguridad o por actividades delictivas o violaciones de los derechos humanos».