México, 15 nov (Prensa Latina) La irregularidad judicial persiste en los tribunales de México en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, constataron hoy fuentes de la Fiscalía Especial para el Caso Iguala.
La entidad admitió que fracasó en dos intentos por obtener órdenes de aprehensión en contra de dos militares presuntamente implicados con el cártel Guerreros Unidos y acusados de participar o incurrir en acciones omisivas para evitar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Los jueces federales que conocieron de los expedientes de consignación determinaron que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) está mal integrada y no se cuenta con pruebas suficientes para inculparlos de desaparición forzada y delincuencia organizada.
Sistemáticamente autoridades judiciales han argumentado justificaciones similares para liberar a presuntos culpables del ominoso crimen y cuando se pensaba que ya esos episodios se habían terminado, reaparecen ahora de nuevo, indicaron las fuentes.
En agosto pasado, se dio a conocer un informe de los avances que llevan las nuevas indagatorias del caso Iguala y se anunció que ya se habían obtenido órdenes de detención en contra de varios integrantes del ejército mexicano, que estuvieron comisionados al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala en la fecha en que sucedieron las 43 desapariciones.
Fuentes federales revelaron que en las nuevas pesquisas el Ministerio Público federal pretenden que se liberen mandamientos de captura en contra del teniente Joel Gálvez y del soldado Eduardo Mota.
El teniente Gálvez compareció el 17 de agosto de 2017 ante la FGR y en sus declaraciones rechazó haber tenido conocimiento de que los informes que se emitían del C-4 (Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo de Seguridad Pública) no le eran enviados ni tampoco participó en las acciones de búsqueda de los estudiantes de la Normal Isidro Burdos de Ayotzinapa.
Sin embargo, es mencionado por familiares de los normalistas como uno de los integrantes del Ejército que pudieran proporcionar datos en pro de la localización de las víctimas.
En tanto, el Ministerio Público federal solicitó al juez otorgue una orden de arresto en contra del soldado Eduardo Mota, quien conducía una motocicleta el día 26 de septiembre y fue testigo de cuando los normalistas eran agredidos por policías locales y de esos hechos tomó cuatro fotografías entregadas al jefe de Inteligencia del 27 Batallón de Infantería.