México, 25 ago (Prensa Latina) La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó hoy que un juez giró orden de aprehensión contra el exlegislador Mauricio Toledo, desaforado el 11 de este mes, acusado de enriquecimiento ilícito.
El exdiputado huyó a Chile el 26 de julio al parecer con la pretensión de pedir refugio como perseguido político y amparado en que, según dijo, sus padres son ciudadanos de ese país.
Precisamente debido a su estadía en Chile la Fiscalía solicitó la emisión de la Ficha Roja, a través de Interpol México, la cual fue autorizada y publicada por la Secretaría General de la organización internacional.
La fiscalía informó que buscará la detención del exdiputado acusado conforme a tratados internacionales, ya que no puede ser aprehendido con el apoyo de la notificación roja dado el alcance limitado que esa herramienta de búsqueda internacional tiene en Chile.
En este caso, una vez que Toledo sea ubicado, la Oficina Central Nacional de Interpol homóloga comunicará a Interpol México que el fugitivo fue localizado en esa nación y deja a salvo los derechos para solicitar a Chile por los conductos diplomáticos, la orden de detención provisional con fines de extradición.
Toledo Gutiérrez se quedó sin fuero constitucional el miércoles 11 de agosto, luego de que la Cámara de Diputados avalara el dictamen contra el legislador del Partido del Trabajo con 381 votos a favor.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, celebró el desafuero de Toledo y dijo confiar en que la Fiscalía General de Justicia capitalina hará lo necesario para su aprehensión.
Rafael Chong, fiscal especializado en combate a la corrupción, informó en la Cámara de Diputados que el acusado salió del país con destino a Chile dejando en entredicho una posible fuga, pero él respondió que tuvo que salir por «compromisos contraídos con anticipación».
Por su parte, su abogado Epigmenio Mendieta, afirmó que las acusaciones contra el exdiputado responden a una venganza política.
Toledo formó parte de escándalos y acusaciones en 2017 como presidente de la Comisión de Presupuesto cuando revisó y autorizó el uso de ocho mil 500 millones de pesos (425 millones de dólares) para reparar viviendas afectadas por el sismo de ese año. Hay además muchas acusaciones más por fraudes millonarios.