México, 2 oct (Prensa Latina) El Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, el cual acompaña en la representación jurídica a familiares de los 43 normalistas mexicanos de Ayotzinapa desaparecidos, advirtió hoy de riesgos por publicar datos del caso.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, a instancias de periodistas que insistieron en el secretismo de la investigación, dijo no había nada que ocultar y ordenó publicar documentos de la pesquisa, lo cual hizo ayer mismo.
Son diálogos por mensajería que revelan vínculos de la policía municipal de Iguala de aquella época bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, y la mafia de narcotraficantes, que el secretario de seguridad asilado en Israel, Tomás Zerón, ocultó y tergiversó para fabricar una mentira denominada «verdad histórica».
EL centro señaló que como integrantes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa no participaron en la decisión de publicar los reportes del Estado Mayor de la Defensa Nacional relacionados con conversaciones entre autoridades municipales y líderes de Guerreros Unidos.
En este sentido, calificó como un «riesgo» que se difunda así información sobre una investigación en curso ya que puede comprometer el éxito de la misma.
No obstante, señaló que con lo dado a conocer este día se confirma «que el Ejército ocultó información desde 2014 y que siguió administrándola después de que, por decreto presidencial, se le impusiera en diciembre de 2018 la obligación de entregar a las autoridades civiles todos los elementos que tuviera sobre el particular».
La observación se refiere al gobierno de Peña Nieto hasta diciembre de 2018 cuando asume López Obrador y exige claridad en el caso. A través de redes sociales, destacó que dada la opacidad castrense de aquella época no puede descartarse que exista más información en su poder, una contradicción con la alerta que formula el propio centro.
De igual manera, resaltó que ante la posibilidad de que las conversaciones que se difundieron entre el subdirector de la Policía Municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares, el director de esa cooperación Felipe Flores Vázquez y líderes de Guerreros Unidos se debe aclarar cabalmente el origen de las mismas.
Agregó que los documentos abren líneas de investigación, incluso sobre perpetradores y paradero, que aún deben agotarse.
Otras voces sugieren que, después de publicados textos tan comprometedores para el gobierno de Peña Nieto, la investigación debería regresar a los cánones del secretismo para evitar riesgos y concluirla de forma exitosa.