Unas 144 hectáreas de bosques se han talado y ha habido desalojos de pobladores ante la construcción del Tren Maya en la península de Yucatán, informaron representantes de comunidades mayas. Señalaron retraso en el acceso a la justicia, por la lentitud en la resolución de recursos jurídicos por el Poder Judicial de la Federación.
Desde enero de 2020, comunidades de la península Yucatán, organizaciones de la sociedad civil han interpuesto demandas en contra del proyecto del Tren Maya, debido a que, aseguran, se han visto violentados sus derechos a la consulta, a la vivienda, a la salud, entre otras garantías, y el Poder Judicial ha retrasado el avance de los procesos, más allá de los impactos por la pandemia de Covid-19 en los trámites.
En videoconferencia, Miguel Anguas, de la asociación Indignación, sostuvo que los trámites han sido tardados en el Poder Judicial, ya que decidieron que todos los amparos se concentraran en un juzgado.
El proyecto sigue su ejecución en el tramo 4, “donde es evidente la deforestación, y esto es una violación a la suspensión. Ahora los casos están concentrados y tramitados en el juzgado primero de distrito, el cual ha sido omiso. Esto es parte de una estrategia. El juzgado se atrasa, no se pronuncia y se violan los derechos humanos”, agregó.