Washington, 19 nov (Prensa Latina) En los últimos días el expresidente Donald Trump y su equipo legal hacen esfuerzos para encubrir las acciones del exmandatario estadounidense bajo el delgado manto de la impunidad ejecutiva.
El equipo legal del magnate neoyorquino dijo el martes al Circuito de Washington que si la decisión de la jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan de permitir el acceso a los archivos se mantiene, abriría a los futuros presidentes al acoso invasivo del Congreso, velada amenaza que trata de evitar el comité selecto bipartidista vea si hay algo que se esconde en los archivos.
Recientemente, Joe Lockhart, exvocero de prensa durante el gobierno de Bill Clinton dijo que el ‘cobarde’ Trump se esconde detrás de los abogados del panel del 6 de enero para evitar que se conozca cuáles fueron sus acciones el día en que una turba de seguidores atacó el Capitolio en un intento desesperado por anular las elecciones del 3 de noviembre de 2020.
«Si se mantiene la solicitud del Comité, no habría ninguna limitación en los registros presidenciales que el Congreso podría revisar», escribieron en la presentación los defensores del republicano, en momentos en que muchos se preguntan si hay alguna fechoría que tratan de ocultar.
«Adoptar la novedosa norma del tribunal de distrito permitiría al Congreso darse a sí mismo el poder de investigar y socavar la autoridad tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial del gobierno federal», añadieron los abogados de Trump. «Esto pondría en marcha cualquier noción de poderes separados y co-iguales del gobierno», puntualizaron.
La antojadiza interpretación del privilegio ejecutivo por encima del poder legislativo cuando se puso en peligro la Constitución del país es tema de controversia, y destacadas figuras de la jurisprudencia señalan que la solución del caso pudiera llegar a la Corte Suprema, la cual, pese a su balance conservador, difícilmente falle a favor de Trump.
Por lo pronto, un tribunal de apelaciones aceleró la apelación de Trump, y las respuestas del comité y de la administración de Joe Biden deben llegar en los próximos días antes de que un panel de tres jueces escuche los argumentos orales en el caso el 30 de noviembre.
Hasta tanto no se decida el asunto, la orden judicial emitida por la jueza Chutkan, la cual establecía que los documentos deberían ser liberados para que los miembros del grupo bipartidista pudieran juzgar los hechos y lo que se le imputa a Trump en la promoción de estos, está en suspenso.
Mientras tanto, el magnate neoyorquino prosigue con su desafío legal, maniobras que se alargarán hasta clarificarse si el privilegio ejecutivo ampara al exmandatario quien es parte de la investigación contra las personas que, diversos medios señalan, intentaron dar un golpe de estado en el país.
Lo más probable es que Trump insista en reclamar el privilegio ejecutivo sobre los documentos, los que según él deben mantenerse en secreto «a perpetuidad», algo que acrecienta las interrogantes sobre su presunta culpabilidad en tratar de evitar que el Congreso validara la victoria del demócrata Biden.
Para figuras políticas, especialistas legales e historiadores los disturbios del pasado 6 de enero son el acontecimiento más grave que ocurrió en el país en los últimos 30 años, por lo que los esfuerzos del exjefe de la Casa Blanca para ocultar lo sucedido «no se corresponden con el mejor interés del país», algo subrayado recientemente por el gobierno.
Hace poco, el Tribunal Supremo emitió 39 páginas de consideraciones según las cuales tiene más peso la opinión de Biden, presidente en ejercicio, que la de su antecesor, en esta disputa sobre el privilegio ejecutivo.
Algunos expertos legales opinan que un «tramposo» como Trump no se dejará acorralar pese a que el comité bipartidista cierra el cerco y cita a declarar a figuras de su entorno como su exasesor, Steve Bannon, quien es objeto de una remisión penal al Departamento de Justicia por negarse a cooperar.
El acceso por el panel bipartidista a la documentación pudiera llevar a acusaciones por delitos políticos y criminales para algunos colaboradores e incluso contra el propio Trump, y si es que llega a concretarse, le cortaría el paso al magnate hacia una muy posible candidatura a las elecciones presidenciales de 2024.
Más leña al fuego arrojó un libro recién publicado donde se afirma que aliados del expresidente intentaron presionar a un alto funcionario del Departamento de Defensa para que anulara las elecciones de 2020.
El libro del periodista Jonathan Karl «Traición: El acto final del show de Trump», asegura que el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn y el abogado Sidney Powell hicieron llamadas a Ezra Cohen-Watnick, entonces subsecretario de Defensa para inteligencia y seguridad, mientras estaba de viaje en Oriente Medio, según informó ABC News.
Flynn y Powell integraban el estrecho círculo presidencial cuando Trump trató de anular las elecciones de 2020 basándose en afirmaciones no probadas de fraude electoral.
Flynn, que anteriormente era el jefe de Cohen-Watnick en la Agencia de Inteligencia de Defensa y en el Consejo de Seguridad Nacional, le dijo al funcionario del Pentágono que tenía que volver inmediatamente a Estados Unidos porque «estaban a punto de ocurrir cosas importantes», según el libro.
Asuntos como este pudieran aflorar en las investigaciones del panel del Congreso y echar por tierra los intentos del exgobernante de ocultar sus presuntos delitos y mantener la impunidad, mientras son más las investigaciones que tratan de acorralarlo, entre ellas sobre sus declaraciones de impuestos.
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