El juez de Tamaulipas, México, que liberó al exalcalde de Iguala involucrado en el asesinato de 43 normalistas de Ayotzinapa y otros 96 implicados en la misma causa, absolvió hoy a 24 individuos más.
En una acción que dejó estupefactos y encolerizados a los familiares de los jóvenes asesinados y a la población, el magistrado Samuel Ventura Ramos acumula ahora más de 120 liberados a pesar de las abrumadoras evidencias contra todos ellos.
Los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y normalistas protestan frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y preguntan qué está pasando con ese juez y por qué no lo han detenido ya por complicidad con los asesinos.
Ventura Ramos absolvió recientemente a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, quien aparece en los documentos de la comisión investigadora con el seudónimo A-1, la persona que mantenía el contacto con los delincuentes de Guerreros Unidos, autores materiales de la masacre y desaparición de los normalistas.
Pero este juez hizo caso omiso y lo liberó por supuestas deficiencias en el proceso judicial. Algo semejante aludió en la liberación de los primeros 96 relacionado con tecnicismos judiciales, y hoy absuelve a otros 24.
El jefe de la comisión investigadora y subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo que esta es la justicia que defienden los testaferros de la «Verdad Histórica», la mentira elaborada por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto para encubrir los hechos y cerrar el caso.
Los familiares de las víctimas exigieron a las autoridades una investigación rápida y a fondo del magistrado de Tamaulipas y su condena inmediata si se comprueba que es un testaferro de los autores intelectuales y materiales del execrable crimen.
Encinas confirmó que el general José Rodríguez Pérez -coronel cuando los hechos de Ayotzinapa- sigue preso por delincuencia organizada, así como el Capitán José Martínez Crespo y al cabo Eduardo Mota Esquivel por este delito y desaparición forzada.
Pero los tres eran en aquel entonces subalternos de los principales encartados en la matanza de los muchachos cuyos detalles, demostró la comisión investigadora, eran seguidos al más alto nivel del gobierno paso a paso.