“Licenciado Rodolfo Fernando Ríos Garza, procurador general de Justicia de la Ciudad de México, sólo pedimos Justicia Social y nos preguntamos, ¿existe esa posibilidad en su gestión de otorgarla?, o ¿tendremos que conformarnos con saber que valen más los intereses de unos cuantos, que la Justicia a los Trabajadores?”
Es la determinante consigna del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100, al presentar una masiva denuncia penal en contra de Gabino Camacho Barrera y Ricardo Barco López y su séquito de hampones que continúan explotando las empresas de Grupo Metropolitano del Transporte (GMT), y cuyas acciones pertenecen a quienes integran el SUTAUR-100, consumándose cuantioso fraude desde hace 21 años.
Ante la dependencia que previene el delito, los manifestantes de la ex Ruta 100, indicaron que los actos simulados y fraudulentos han permeado alrededor en toda la documental pública y privada que se encuentra en los 40 tomos de la Averiguación Previa que “duermen en el sueño de los justos», sobre todo en los anales policiacos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX).
Al hacer entrega de toda la documental requerida para proseguir con la querella que desde hace más de dos décadas viene ventilándose y que al paso del tiempo no ha encontrado una respuesta de “Justicia Pronta y Expedita”, la Comisión Liquidadora de la ex Ruta-100 hizo su presencia ante la Unidad de Investigación C-1 de la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Financieros de la PGJCDMX.
En la exposición de motivos, la ex Ruta 100 que encabeza su comité ejecutivo Jorge Cuellar Valdez, Felipe Domínguez< y Ernesto Monroy (presidente, secretario y tesorero, respectivamente), advierte que:
Como es de conocimiento público, como consecuencia de la quiebra de la empresa paraestatal, denominada Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100, en Abril de 1995, y dadas la terminación de las relaciones individuales de trabajo con nuestra organización SUTAUR-100, autoridades del entonces Departamento del Distrito Federal firmaron un Acuerdo Político con fecha 26 de Abril de 1996, en el que se sentaron las bases tendientes a la solución del conflicto entre los actores principales en el problema.
Derivado de lo anterior, se autorizó la creación de las Empresas denominadas Servicios Metropolitanos de Transporte “17 de Marzo”, S.A. de C.V.; “Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo, S.A. de C.V”., “Transportes Urbanos Nuevo Milenio, S.A. de C.V”., y una para prestar servicio de Taxis, denominada Sistema de Transportes en Taxis, S.A. de C.V., con las cuales se pretendía dar empleo a los 12,004 trabajadores del Organismo denominado Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100.
De los 12,004 trabajadores liquidados, 8,000 de ellos, de nuestra liquidación aportamos un 30% de la misma, con el fin de participar como socios, situación que nunca nos dio la certeza jurídica, es decir hasta la fecha nunca se nos ha considerado como socios; y supuestamente están como socios y “dueños” de las empresas solamente tres personas, de nombre GABINO CAMACHO BARRERA, JOSE FERNANDO GARCIA GUZMAN Y EULALIO DURAN MORAN.
Con las cantidades aportadas por los trabajadores de la Exruta-100, se estableció un Fideicomiso con $172’934,552.00 (CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N), y eso permitió que una institución bancaria otorgara un préstamo de 20’000.000.00 USD (Veinte millones de dólares americanos), para la adquisición del parque vehicular para la explotación de las Concesiones (10 años vigencia) tanto de las colectivas como de las individuales que le fueron asignadas por la Dirección General del Transporte, de la Secretaría de Transportes y Vialidad.
El Gobierno del Distrito Federal, suscribió el 26 de abril de 1996 y el 16 y 18 de Noviembre de 1999 Diversos Convenios Políticos, con los representantes de los trabajadores en su momento, con el objeto de establecer las bases necesarias, para resolver en definitiva, la problemática derivada del conflicto que se generó con motivo de la quiebra del Organismo Público Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100, en 1995.
En fecha, 12 de Mayo de 2000, se otorgaron por el Gobierno del Distrito Federal “Para beneficio de los ex trabajadores urbanos de pasajeros Ruta-100 “AUPR-100”, 547 CONCESIONES para prestar el Servicio Público de Pasajeros en Autobús y 500 permisos para la prestación del Servicio Público de Pasajeros en la modalidad de Taxis, 9 Módulos de la Exruta-100, y 45 Rutas, mismas que están en posesión de Grupo Metropolitano del Transporte.
En torno a este interminable conflicto político-laboral, aún están en litigio de consignación las concesiones e infraestructura del transporte patrimonio de la Ciudad de México, actualmente en posesión de Grupo Metropolitano de Transporte, destacando:
El módulo 6, a Transportes Urbanos Nuevo Milenio S.A. de C. V.
Los módulos 10 y 13, a Servicios Metropolitanos 17 de Marzo S.A. de C. V.
Los módulos 20, 41 Y 51, a Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo S.A. de C. V.
El módulo 14, a Jubilados y Pensionados
El módulo 26, al Instituto de Capacitación para el Transporte; y
El módulo 40, a Talleres Industriales en Diésel S.A. de C. V.
Todo este saqueo de los recursos de los trabajadores –alerta el SUTAUR 100-, pretende ser encubierto con el cambio de razón social a GMT que hoy denomina Gabino Camacho Barrera, “Grupo de Empresas de Transporte S.A de C.V.”
Gabino Camacho Barrera, Ricardo Barco López y su séquito de hampones –acusa- continúan explotando las empresas de GMT, actualmente disfrazadas como Cooperativas de cinco socios cada una unificadas en una “Cooperativa Concentradora, C. 4,”; este cambio de razón social fue autorizado por Armando Quintero Martínez, entonces Secretario de Transporte y Vialidad, transformándose como cómplice del fraude, la traición y el despojo de los derechos de los trabajadores de Ruta-100, plasmados en los Convenios Políticos.
Y Precisa: “Ahora intentan engañarnos nuevamente cambiando la razón social de cada una de las empresas, por ejemplo nuevo milenio hoy se denomina “Autotransportes Metropolitanos Nuevo Milenio, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de capital variable, donde únicamente existen siete socios; estos son Marcos Cruz Altamirano, José Fernando García Guzmán, Teobaldo Francisco Arrollo Gordillo, María del Rocío Cruz Velasco, Eulalio Durán Morán, Melchor Ocampo Rodríguez y Francisco Guevara Tenorio”.
Por otro lado crearon una nueva sociedad denominada “AU Siglo Nuevo”, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de capital variable, donde nuevamente los únicos cinco socios son: Gabino Camacho Barrera, Horacio Morales de la Torre, Gabriel Godínez Barrera, Pedro Estrada González y Emilio Ramos Castro.
De igual manera crearon una nueva empresa denominada “SMT 17 DE Marzo”, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de capital variable, en la que nuevamente quedan al frente como únicos cinco socios los traidores: Gabino Camacho Barrera, Pedro Chávez Hernández, Armando Alejo Mejía, Luis Vera Martínez y Rubén Guzmán Hernández.
Indignados, la ex Ruta 100 cuestionó: “¿Por qué no se tomó en cuenta a los verdaderos socios, que somos los que aportamos nuestro dinero para la creación y conformación de las empresas? ¿Qué oscuros intereses esconden Gabino Camacho Barrera, Ricardo Barco López y su sequito de hampones llevando a cabo protocolizaciones y cambios de nombre a las empresas?”
Actualmente existen 710 concesiones colectivas que se están explotando por parte de las empresas anteriormente señaladas, donde solamente tienen empleo mil 500, trabajadores y de estos efectivamente son 300 trabajadores de la extinta Ruta 100, el resto son empleados contratados al libre albedrio por quienes usufructúan dichas empresas.
El pasado siete de abril de 2010, se cumplió el término (10 AÑOS), para la explotación del transporte concesionado a Grupo Metropolitano del Transporte en las tres Sociedades Mercantiles antes mencionadas.
Desde 1998 hasta la fecha, la ex ruta 100 ha solicitado al Gobierno del Distrito Federal, en especial a la Secretaría de Transportes y Vialidad y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la regularización de dicho conflicto y hasta este momento no hemos encontrado solución por parte de ninguna autoridad.
Fundamentado todo lo anterior, la ex Ruta 100 pidió a la figura del Ministerio Público que declare la nulidad de las actas falsas de asambleas de socios elaboradas por Gabino Camacho Barrera, en el año de 2007, para sustituir a Grupo Metropolitano del Transporte y continuar con la ilegal posesión y usufructo de estos bienes colectivos y continuar el fraude a los trabajadores de la ex Ruta-100, usufructuando las empresas para su beneficio personal.
Es por ello, aclaró enfática la ex Ruta 100, que es Justo aplicar las responsabilidades civiles y penales a Gabino Camacho Barrera y cómplices por Simulación de Actos Jurídicos y continuidad del fraude iniciado por el mismo, Ricardo Barco López y los Hermanos Mendoza Larraguivel.
Ordenar la revocación de los títulos concesión a las tres Sociedades Mercantiles antes mencionadas.
Hacer entrega de los títulos concesión a los trabajadores inversionistas, por conducto de su Comisión Liquidadora y el Gobierno de la Ciudad de México, apoye en organizar verdaderas Sociedades Cooperativas de Transporte Colectivo, registrando a todos los socios inversionistas ante Notario Público y ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, con la infraestructura, las rutas y el parque vehicular rescatados de Grupo Metropolitano del Transporte.
Designar a un interventor en las cajas administradoras de las Sociedades Mercantiles antes señaladas para su liquidación y reparto equitativo a todos y cada uno de los aportantes a la creación de dichas empresas.
Aplicar las medidas cautelares o precautorias necesarias deteniendo las unidades de Grupo Metropolitano del Transporte y ponerlas en custodia de la Comisión Liquidadora como representante legal de todos los trabajadores de la ex Ruta-100, para garantizar la continuidad del Servicio de Transporte en las cuarenta y cinco rutas que explota Grupo Metropolitano del Transporte.
Agilizar La creación de fuentes de trabajo reales y necesarias en materia de transporte de los trabajadores de la extinta Ruta 100 y o sus beneficiarios.
Encauzar la devolución de la inversión de los 7,012 trabajadores de la ex Ruta-100 con sus respectivos rendimientos tanto bancarios como empresariales tal y como lo establece la resolución de la VI Asamblea Legislativa del Distrito Federal de fecha 19 de noviembre de 2014.
La ex Ruta-100, finalmente emitió un “¡Yo Acuso!”: “Licenciado Rodolfo Fernando Ríos Garza, procurador general de Justicia de la Ciudad de México, sólo pedimos Justicia Social y nos preguntamos, ¿existe esa posibilidad en su gestión de otorgarla?, o ¿tendremos que conformarnos con saber que valen más los intereses de unos cuantos, que la Justicia a los Trabajadores?”
Por: Blas A. Buendía