Los estados y municipios que requieran de la Guardia Nacional para combatir la violencia deberán cubrir los costos de operación, con recursos de su presupuesto.
Además, los gobernadores y alcaldes se harán cargo de solventar los gastos de los hechos derivados de las actividades de ejecución de los convenios de colaboración.
Así lo establece el Artículo 96 de la propuesta de Ley de la Guardia Nacional, enviada al Senado la semana pasada.