Entra a su cuarto día conflicto de policías federales

México, 7 jul (Prensa Latina) El conflicto protagonizado por policías federales en México entró hoy en su cuarto día, sin que las negociaciones emprendidas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador los hayan hecho ceder en sus demandas.

El tema central planteado por los agentes es su rechazo a ser parte de la Guardia Nacional, algo contradictorio porque el gobierno insiste en que es voluntaria esa decisión y pueden optar por otras siete variables, con lo cual se garantiza que no serán despedidos y todos tendrán trabajo.

La policía federal mexicana es considerada desde hace muchísimos años la más corrupta de su género, y el mandatario ha explicado en reiteradas oportunidades que ese cuerpo de seguridad se echó a perder de forma insalvable y una muestra de ello son estas acciones.

También dijo que hay una mano negra detrás de las protestas, pero no reveló nada al respecto, aunque la prensa se lo atribuyó al expresidente Felipe Calderón, a quien se considera responsable de la violencia actual en México por haber iniciado una guerra irracional contra el narcotráfico.

Lo cierto es que las negociaciones de este fin de semana con el secretario de seguridad terminaron sin acuerdos y con endurecimiento de posturas del lado del gobierno y de la Policía Federal.

Los policías federales presentaron ayer sábado un tabulador para las liquidaciones, y exigieron que ahora la negociación se centre única y exclusivamente en el pago de indemnizaciones.

Señalaron en asamblea que ya no les interesa escuchar más opciones de trabajo por parte del gobierno federal, porque lo único que quieren es retirarse de manera digna, cuando se extinga ese cuerpo en 18 meses.

Los efectivos pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que si no sirven para la Guardia Nacional, «porque son corruptos y están podridos», los indemnice.

La posición del gobierno es que mañana lunes se reanuden las negociaciones y que cuando se instalen las mesas de información los policías recibirán orientación sobre cuánto dinero podrían recibir si renuncian de manera voluntaria porque «nadie los está corriendo».

Así, quienes decidan irse no recibirán liquidación ni indemnización, sólo un finiquito, según los negociadores del gobierno.

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