Uno de los seis juzgados indígenas de Puebla carece de funcionarios que hablen la lengua de las comunidades, otro se encuentra desmantelado y los cuatro restantes los servidores públicos trabajan sin un salario.
Rosa Alonso Pérez considero de indignante esta situación siendo que el estado acoge a la quinta población autóctona más numerosa del país, con la escasez de apoyos y recursos han determinado 31 mil 449 asuntos desde 2005.
Siendo que la ley no obliga a los municipios a costear a esas instituciones, el juzgado de Ajalpan dejo de funcionar desde 2005 esto mismo sucede con los funcionarios de Huehuetlan de los cuales llevan un año y dos meses dando atención a las comunidades sin recibir algún resarcimiento.