La Paz, 3 abr (Prensa Latina) El Centro de Investigación Económica y Política (Center for Economic and Policy Research Cepr) reveló las violaciones a los Derechos Humanos en Bolivia durante los cuatro meses del gobierno de facto.
El documento compartido hoy por el candidato a la presidencia del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, en su web oficial, condena la represión tras el golpe de Estado perpetrado el 10 de noviembre contra el jefe del Estado Plurinacional, Evo Morales, quien renunció al cargo presionado por altos mandos militares.
Luego de la asonada golpista, la represión ejercida por las autoridades de facto encabezadas por la autoproclamada presidenta, Jeanine Áñez, «causó 35 muertos, 833 heridos y mil 504 arrestados a fines de 2019», señala la publicación.
Lamenta «el Decreto 4078 para otorgar inmunidad legal a las fuerzas de seguridad involucradas en abusos» cometidos en el contexto de las movilizaciones contra el golpe.
Advierte que «la violencia extralegal se ha generalizado» y que «los funcionarios de MAS y sus partidarios han sufrido el incendio de sus casas, secuestro de familiares y golpizas públicas».
Refleja de igual forma la persecución política al recordar que «exfuncionarios del MAS han sido procesados por cargos dudosos que incluyen ‘terrorismo’ y ‘sedición», y muchos han tenido que salir del país o esconderse.
Puntualiza al respecto que «65 funcionarios locales han renunciado debido a un ‘patrón de presión e intimidación’ y 592 ex funcionarios son blanco de una ‘investigación anticorrupción‘ (que se publicará antes de las próximas elecciones).
Incluso, enfatiza que las autoridades electorales del gobierno de facto, consideraron revocar legalmente el estatus de MAS como un partido político legítimo.
«Menos de 24 horas después de que quedó claro que Luis Arce sería el candidato presidencial del MAS, el fiscal general de facto anunció que estaba lanzando una investigación de corrupción dirigida a Arce y un organismo local anunció una denuncia penal contra David Choquehuanca, el candidato vicepresidencial del MAS, solo unos días antes», subraya.
El informe también refleja el ataque a la libertad de prensa, con «periodistas arrestados y 53 estaciones de radio comunitarias cerradas» y al menos 50 periodistas agredidos a fines de 2019, canales de noticias censurados y «un periodista argentino golpeado hasta la muerte en circunstancias desconocidas».
El Cepr recoge en su informe los ataques a la libertad de expresión y ataques racistas que ha dejado estudiantes y empleados estatales arrestados por publicaciones en redes sociales críticas con el gobierno y amenazas y acoso en comunidades indígenas.
Puntualiza que el gobierno de facto es provisional y no debió «hacer cambios sustanciales a la política exterior boliviana, la agricultura, la justicia penal y más».
Finalmente, el CEPR sentencia que «con el creciente peso de la evidencia» se puede decir que «el gobierno de Áñez ha cometido violaciones generalizadas de los derechos humanos».