Redacción
Por unanimidad con 449 votos a favor, el Plano de la Cámara de Diputados aprobó la prohibición de venta de comida chatarra en las escuelas, por cualquier medio de distribución; sea gratuita, venta o suministro, de bebidas azucaradas y elementos con alto contenido calórico a menores de edad en instituciones educativas públicas o privadas de educación básica.
La propuesta viene de la legislatura pasada que presentó la perredista Verónica Juárez Piña y la petista Claudia Angélica Domínguez, que buscan que niños de primaria y secundaria no consuman estos productos de alto contenido calórico, por lo que se reforma la fracción VIII, del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
La iniciativa pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. En tanto, ésta establece dentro de las obligaciones de las autoridades federales, de las entidades federativas, de las municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, prohibir también la venta a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras de estos productos al interior de dichas instituciones.
Adios a los pastelillos, papas fritas, churritos, refrescos, bebidas endulzadas, dulces y todo lo que tanga alto contenido calórico, pues México sigue teniendo un alto índice de niños con problemas de salud y obesidad.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Ana Lilia Herrera Anzaldo del PRI, dijo que el reto es prevenir y combatir la obesidad infantil, así como fomentar en la niñez hábitos alimenticios saludables.
Recordó que este dictamen es resultado de un gran consenso que tuvo continuidad, traspasó una legislatura y surgió de dos propuestas de Verónica Juárez y Claudia Domínguez.
“Estoy segura que este dictamen será un parteaguas respecto de la venta de alimentos al interior de las escuelas y sus frutos se van a reflejar en las próximas generaciones. Sin embargo, debemos admitir que está muy lejos de ser una solución integral para combatir la desnutrición crónica y aguda”, afirmó.
Consideró que la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico y el impulso a programas de prevención e información, son retos que no solo exigen legislar, “demandan que usemos el resto de nuestras facultades, la aprobación del presupuesto y la vigilancia de los recursos ya asignados, por cierto, cada vez más pocos”.
“Estamos dando un paso a que también sea un momento de reflexión para que en la aprobación del siguiente presupuesto le podamos agregar muchos más pesos en beneficio de la niñez”, afirmó
Por su parte, la diputada María del Rocío Banquells Núñez (PRD) refirió que la preocupación que da origen a esta iniciativa radica en la reflexión de las problemáticas de salud más alarmantes sobre la infancia, el sobrepeso y sus consecuencias, que afectan de manera directa su adecuado desarrollo.
“No podemos dejar de reconocer que los factores sociales, los estilos de vida y alimentación que siguen las niñas y los niños son componentes preponderantes en la profundización de dicha problemática”, añadió.
Dijo que es necesario realizar modificaciones a la ley para construir mecanismos de prevención de enfermedades y garantizar el derecho de las y los niños a un libre y adecuado desarrollo.
“Consideramos que aprobar el dictamen representa una acción directa del Poder Legislativo en la protección del desarrollo integral de la infancia como un derecho humano”.